Huelgas y demandas sociales: un llamado de atención a los funcionarios del PRM

Por Lincoln Minaya

Los llamados a huelga convocados para este lunes y martes en San Francisco de Macorís y en otros pueblos, entre ellas las protestas anunciadas en Salcedo para los días martes y miércoles, deben servir como una señal de alerta para las autoridades y, particularmente, para los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes tienen la responsabilidad de gestionar soluciones a las principales necesidades de los territorios que representan.

Las demandas sociales no surgen de la nada. En muchos casos, responden a necesidades acumuladas, obras pendientes y compromisos que esperan respuestas concretas de las instituciones del Estado. Por eso, más allá de las posiciones que puedan asumirse frente a las movilizaciones, resulta oportuno reflexionar sobre el papel que desempeñan quienes han sido designados o electos para servir a la ciudadanía.

En los últimos meses, llama la atención la intensa actividad que desarrollan dirigentes y funcionarios del PRM alrededor de los procesos internos de esa organización política. Los recorridos por diferentes puntos del país, las reuniones y las actividades proselitistas parecen ocupar buena parte de sus agendas, mientras numerosas comunidades continúan esperando respuestas a sus reclamos.

La competencia interna de los partidos forma parte de la dinámica democrática y es legítimo que sus dirigentes aspiren a posiciones de liderazgo. Sin embargo, esas aspiraciones no deben colocarse por encima de las responsabilidades institucionales ni convertirse en una razón para descuidar las funciones que les han sido encomendadas.

El presidente Luis Abinader necesita contar con un equipo de funcionarios comprometidos con la ejecución de las políticas públicas, la solución de los problemas comunitarios y la defensa responsable de los resultados de su administración. No basta con respaldar al Gobierno en los discursos; es necesario demostrar ese compromiso mediante una gestión eficiente, cercana a la gente y capaz de producir resultados verificables.

En ese contexto, Deligne Ascención Burgos representa una referencia que otros funcionarios y dirigentes del PRM deberían observar. Desde su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y mediante sus intervenciones en distintos escenarios, ha mantenido una línea de defensa de la obra de Gobierno y de promoción de las ejecutorias de la administración de Abinader.

Los funcionarios están llamados a convertirse en gestores permanentes de soluciones, a procurar que las instituciones correspondientes atiendan las necesidades de la población y a dar seguimiento a las obras que forman parte de las demandas ciudadanas.

Carreteras, caminos vecinales, escuelas, hospitales y otras infraestructuras esenciales no pueden quedar relegados a un segundo plano mientras la atención política se concentra en las aspiraciones particulares o en las disputas internas de los partidos.

El Gobierno no puede permitirse que sus funcionarios se desconecten de las comunidades que tienen la obligación de representar. Si un dirigente ocupa una posición pública, debe asumirla con la responsabilidad que implica servir a la población, independientemente de sus aspiraciones políticas o de las posiciones que pretenda alcanzar dentro de su organización.

Las protestas y los llamados a huelga constituyen también una oportunidad para evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades. Escuchar a los sectores que reclaman, establecer canales de diálogo, transparentar los compromisos y ofrecer soluciones viables son acciones que contribuyen a reducir las tensiones y a fortalecer la confianza ciudadana.

Naturalmente, ninguna administración puede resolver todos los problemas de manera inmediata. Las limitaciones presupuestarias, los procedimientos administrativos y las prioridades nacionales forman parte de la gestión pública. Pero cuando existe planificación, voluntad de trabajo y seguimiento constante, es posible avanzar y ofrecer respuestas concretas a las demandas más urgentes.

Además, las debilidades de una gestión no pasan inadvertidas. La ciudadanía observa, evalúa y compara, mientras los sectores de oposición también siguen de cerca el desempeño de los funcionarios para cuestionar las deficiencias gubernamentales y obtener ventajas políticas.

Por eso, quienes forman parte del PRM deben comprender que el respaldo más efectivo al presidente Abinader no consiste únicamente en acompañarlo políticamente o defenderlo en los escenarios públicos. También implica trabajar para que las comunidades perciban los beneficios de las políticas gubernamentales y encuentren respuestas a sus principales necesidades.

La responsabilidad pública exige resultados, compromiso y presencia permanente en los territorios. Los procesos internos pueden esperar su turno en la agenda política; las necesidades de la población, en cambio, no siempre admiten más demoras.

El escenario está planteado. Los funcionarios tienen la oportunidad de demostrar que sus prioridades están alineadas con las responsabilidades que asumieron ante el país. De lo contrario, el distanciamiento entre las expectativas ciudadanas y la actuación de quienes tienen el deber de responder podría convertirse en una carga para el propio Gobierno.

La reflexión es oportuna: menos distracción con las campañas internas y más gestión a favor de las comunidades. El ajedrez político está sobre la mesa, pero cada funcionario debe saber cuál es su responsabilidad y jugar su mejor ficha en favor de la gente.