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Autoridades acuerdan vigilar ética de jueces

Poder Judicial

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Wanda Méndez
Wandamendez47@gmail.com
Santo Domingo

Las autoridades del Poder Judicial acordaron ayer establecer una mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los jueces y servidores judiciales, con el fortalecimiento del Comité de Comportamiento Ético.

Además, se comprometieron a revisar el rol de la figura del ministerio público en los procesos disciplinarios seguido a los magistrados cuando son acusados de incurrir en faltas en el ejercicio de sus funciones.

Fortalecerán la Inspectoría General del Poder Judicial con la ampliación y eficientización de las inspectorías regionales para el análisis de denuncias, para que cuenten con protocolos y reglamentos estandarizados.

Evitarán los traslados no consensuados, de modo que no se utilicen como sanción y garantizarán los derechos fundamentales en los juicios disciplinarios de los jueces y demás servidores judiciales.

Esas cinco acciones forman parte de los compromisos asumidos ayer por las autoridades del Poder Judicial, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán, durante la tercera etapa de la Cumbre Nacional Judicial celebrada ayer.

El documento con los compromisos asumidos fue firmado, además de Germán de Mejía, que lo hizo de primero, por los demás miembros del CPJ que completan, Víctor José Castellanos Estrellas, Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo. Además, lo suscribieron los presidentes de las tres salas de la SCJ, Julio César Castaños Guzmán, de la Civil; Miriam Germán Brito, de la Penal, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, de Laboral. También, los presidentes de las cortes de apelación que funcionan en los 11 distritos judiciales.

El acuerdo, que contiene las acciones propuestas por diversos encuentros y foros regionales realizados este año para mejorar el sistema de justicia, fue refrendado por el presidente de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas y Facultades de Derecho, Antonio Medina Calcaño; el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surúm, y el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, en representación de la Coalición “Acción para la Justicia y Seguridad”.

Como testigos del compromiso asumido figuran la presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica, Zarela Villanueva Monge, el magistrado la Corte Suprema de Justicia Panamá, Cecilio Cedalise Riquelme, y el ex presidente del Tribunal Suprema de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, quienes además pronunciaron sendas conferencias en la actividad sobre diferentes temas.

En el evento quedó creada una comisión para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de esos compromisos, integrada por un juez de la SCJ, un miembro del CPJ, un juez de corte de apelación, uno de primera instancia, uno de paz y de los directores de varios departamentos de la SCJ. Además, se invitó a formar parte de esa comisión a representantes de las universidades, del Colegio de Abogados y de la Acción para la Justicia y Seguridad.

Otros compromisos
En el documento firmado las autoridades judiciales se comprometieron a realizar acciones concretas para el cumplimiento de la asignación del 2.66 por ciento en el presupuesto general de la nación, como establece la ley.

Además, se comprometieron a garantizar la independencia interna del Poder Judicial; a incentivar un mayor acercamiento entre la justicia y la ciudadanía, para que los usuarios y usuarias tengan un mayor acceso a la justicia.

También, a crear un sistema de monitoreo y evaluación transparente, y una discusión clara y eficaz del accionar del poder judicial para fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la administración de justicia.

Decidieron poner los resultados de ese proceso a disposición del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Colegio de Abogado y de varias instituciones públicas y de la sociedad civil para que sean analizados y puedan convertirse en acciones y proyectos conjuntos para una mejor justicia.

Al dar conocer los resultados, Germán Mejía señaló que procurará ejecutarlos, para así hacer honor a sus palabras empeñadas. Señaló que la cuarta etapa de la Cumbre permitirá que esos compromisos y el plan no queden “en letras muertas”.

En la mesa principal estuvieron, junto a Germán, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal y el procurador Jean Alain Rodríguez en representación del Presidente de la República y los presidentes de las altas cortes.

LOS DEBATES EN LA CUMBRE JUDICIAL
La presidenta de la Cámara Penal de la SCJ, Miriam Germán Brito, consideró un problema para la independencia judicial el sistema de designación de los jueces, porque tiene un alto contenido político.

Dijo que no ve bien que esa composición sea inclinada a favor de un solo partido, por lo que planteó se debe buscar un equilibrio político.

Además, condenó los traslados de jueces, porque, según señaló, siempre se han tomado como una sanción. Manifestó que los traslados desestabilizan a una familia.

Pidió que sean resarcidas del problema familiar y del atraso en la promoción que significó el traslado de las juezas Rosanna Vásquez Febrillet y Elka Reyes, movidas de tribunales penales del Distrito Nacional a la jurisdicción laboral y la de niños, niñas y adolescentes, respectivamente.

Germán Brito habló en la Cumbre, durante un debate sobre la independencia del Poder Judicial, en el cual además consideró que sospecha que últimamente la soberanía reside en el poder financiero, y no en el pueblo.

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