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Claro dice que no puede participar en recolección de datos de teléfonos intervenidos

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La empresa de telecomunicaciones Claro aclaró este jueves que como prestadora solo está autorizada a realizar interceptaciones telefónicas por orden de un juez y que no puede participar en la recolección de “ningún tipo de registro resultante del proceso”.

 

Dijo, igualmente, que no le corresponde como prestadora validar la titularidad del número interceptado.

 

“Una vez recibida la instrucción judicial, el procedimiento establece que las telefónicas solo deben facilitar la conexión técnica al organismo de investigación encargado de realizar la interceptación. Por lo tanto, no corresponde a las prestadoras validar la titularidad del número interceptado, ni participar en la recolección de ningún tipo de registro resultante de ese proceso”, adujo Claro en un breve comunicado.

 

Agregó que de acuerdo a la ley y un precedente del Tribunal Constitucional, las telefónicas están obligadas a “mantener el secreto y la confidencialidad de las solicitudes de interceptaciones que se hacen amparadas en órdenes judiciales, así como de todos los datos relacionados con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”.

 

La compañía emitió su postura luego de que ayer miércoles, la Octava Sala Penal del Distrito Nacional le diera un plazo de 10 días para que entregara a la magistrada Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia, la documentación resultante de la interceptación de que fue objeto su teléfono por orden del Ministerio Público. No obstante, en el documento, la prestadora no hace mención al nombre de la jueza ni se refiere al caso ni a la orden judicial emitida en su contra.

 

El dictamen fue emitido acogiendo un recurso de hábeas data que interpuso Germán, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

 

La intervención de que fue objeto el teléfono de la jueza se dio a conocer durante las evaluaciones a que fue sometida por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser sustituida o ratificada en el alto tribunal. Posteriormente, Bolívar Sánchez, inspector de la Procuraduría General de la República, reveló en una rueda de prensa que la interceptación fue ordenada por él mismo luego de que durante una investigación que hacía a un presunto narcotraficante notaron una comunicación con ese número.

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