Coalición Podemos pide interpelar a PN por muertes en supuestos intercambios de disparos

SANTO DOMINGO.- La Coalición de Organizaciones Sociales Podemos pidió este viernes interpelar al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, al considerar preocupante la cantidad de personas que han muerto en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales y sostuvo que la criminalidad no se combate mediante ejecuciones, sino con políticas de prevención y fortalecimiento del sistema de justicia.

La organización, que preside Silvia Soto, cuestionó las actuaciones policiales que a su juicio vulneran el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución dominicana y en tratados internacionales suscritos por el país, según detalla un comunicado.

En un comunicado, señaló que los artículos 37 y 38 de la Constitución protegen el derecho a la vida y la dignidad humana; el 42 establece el derecho a la integridad personal y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que el 69 garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia.

También invocó el artículo 255, que establece entre las funciones de la Policía Nacional proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como garantizar el libre ejercicio de sus derechos.

La coalición sostuvo que estas actuaciones también contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Como parte de sus señalamientos, la entidad presentó cifras de muertes atribuidas a intervenciones policiales entre 2004 y 2025, período en el que contabiliza alrededor de 5,000 fallecimientos. Según sus datos, más del 80 % se habría producido en circunstancias descritas como intercambios de disparos y más del 90 % de las víctimas tendría entre 18 y 30 años.

Podemos reconoció que la inseguridad genera preocupación en la población y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger tanto la vida como el patrimonio de los ciudadanos. No obstante, consideró que responder a la delincuencia mediante la muerte de personas señaladas como sospechosas no resuelve las causas estructurales del problema.

La organización atribuyó parte de esa situación a la pobreza, la falta de oportunidades para los jóvenes, las debilidades en la supervisión familiar y la corrupción en organismos policiales y del Ministerio Público, a los que acusó de mantener vínculos con estructuras criminales y favorecer su impunidad.

En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar las oportunidades educativas y laborales para la juventud, promover la responsabilidad familiar y enfrentar las prácticas de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la persecución del delito.

La coalición también advirtió sobre los riesgos de que la sociedad normalice las actuaciones contrarias a la Constitución bajo el argumento de combatir la delincuencia. Para ilustrar su preocupación, recurrió a la teoría de las ventanas rotas, que plantea que la tolerancia de determinadas conductas irregulares puede favorecer una mayor degradación de las normas sociales e institucionales.