Situación de los periodistas en República Dominicana

Bladimir Ramos
Periodistas son aquellos individuos que observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación comunitarios, a los y las “periodistas ciudadanos/as”, y a otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar al público, así como a formadores de opinión que se tornan un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015)
Introduzco este trabajo de esta manera, porque es importante que se entienda cuál es el verdadero rol del periodista, no se trata de pagar un espacio en una determinada empresa televisiva y limitarse a comentar todas las morbosidades que le llegue a la cabeza, o por el contrario, desarrollar un periodismo amarillista y farandulero, donde los actos acontecidos en la sociedad sean presentados crudamente sin ningún nivel de censura, y con ello, afectar la salud emocional y sicológica de los ciudadanos, y digo esto porque existen periodistas, que convencidos del encanto que produce en una sociedad moderna y light; la morbosidad, presentan por así decirlo, un cadáver mutilado a machetazos, sin importar el efecto que esto pueda causar en el televidente, así también se hacen acusaciones sin antes haber hecho las indagaciones de lugar, lo que termina colaborando con la desinformación y el fomento de la incredibilidad que se le tiene a los medios de comunicación, eso, fruto del trabajo irresponsable de algunos periodistas y comunicadores de la República Dominicana.
Unos de los obstáculos de la libertad de expresión en mi país y en la Región es la manipulación de los medios por parte del sector empresarial y el espacio político. Más que libertad de expresión, me gustaría llamarle libertad de ideas, ya que una cosa es expresar un juicio o un calificativo sobre una persona, cosa u objeto, y otra es la libertad de defender, difundir y manifestar una idea.
En la conferencia “Comunicación y periodismo: ¿Dónde estamos. Hacia dónde vamos?”, la periodista Altagracia Salazar aseguró que el 80% de los periodistas dominicanos trabaja para el gobierno y el 20% restante tiene cuatro empleos para poder sobrevivir. Esto supone una gran influencia de parte del sector gubernamental en el trabajo periodístico que se desarrolla en la República Dominicana. De manera, que no nos asombra que en RD se presenten las noticias y las críticas hacia las políticas gubernamentales que el gobierno, y el sector empresarial quieran que se conozcan.

Es penoso ver cómo la veracidad de la información es manipulada y llevada al grado de la bajeza a causa de sobornos. Se desarrollan campañas de descréditos en contra de la gestión de un determinado gobierno, sector empresarial o cualquier persona en particular, y cuando algún periodista quiere presentar el caso o manifestarse al respecto, es oprimido por el sector más pudiente del país y casi siempre termina siendo arrastrado al clan de periodistas silenciados a costa de sobornos y chantajes. Y no es para menos, porque según la periodista Salazar en la V versión de Encuentros Interactivos que se efectuó en el Auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) el día 8 de noviembre del año en curso, el sueldo promedio de los periodistas dominicanos es de RD$ 18 mil pesos (menos que la canasta familiar).

Recuerdo aquella vez cuando el comunicador Michael Miguel Holguín, quiso apoyar al candidato presidencial, opuesto al gobierno de turno, inmediatamente fue cancelado por el dueño de la empresa televisiva más grande del país, Telemicro, lo que nos dejó bien claro, que esta empresa le debe fuertes favores al gobierno de turno, cito este ejemplo porque ha sido uno de los más conocidos, además, recuerdo cuando el exministro de Educación de la República Dominica, Melanio Pared Pérez, denunció que los libros que se les entregaban a los estudiantes del Sistema Educativo Dominicano, no estaban actualizados, de inmediato comenzó una campaña nacional de descrédito en contra de la gestión del mencionado ministro, Los Corripio, que son aun los encargados de fabricar los libros del Sistema Educativo Dominicano, al parecer, no estaban en la mejor disposición de ceder el espacio para que otra empresa se encargara de elaborar los textos educativos de nuestro Sistema Escolar. Diariamente, en distintas escuelas del país, aparecían niños intoxicados por el alimento escolar, lo que motivo al gobierno de turno a destituir a Melanio Pared Pérez, y una vez destituido, nunca más se ha vuelto a envenenar otro niño a causa del desayuno escolar, lo que ha dejado mucho que pensar.

Ciertamente, los problemas de desigualdad estructural para la libertad de expresión, tienen una relevancia significativa, ya que el aspecto económico va de la mano del reconocimiento y las influencias, y sucede por ejemplo, que se conocen los casos de atropellos contra la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores más destacados y con mayor audiencia televisiva y radial de la República Dominicana, sin embargo, los atropellos en contra de los que ejercen el periodismo en las provincias y municipios son aun mucho peor, ya que si el periodista no va en consonancia con los preceptos de la empresa, simplemente no puede laborar en dicha compañía, aun cuando su espacio sea financiado por el mismo periodista.
El periódico Digital Hoy sostiene en un artículo publicado el 2 de octubre del año 2014 que agresiones, abusos y amenazas han puesto en evidencia las condiciones de inseguridad para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en República Dominicana en los últimos meses, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Uno de los hechos graves que recoge el informe sobre este país elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP es el ataque contra tres periodistas de Canal 11 y Canal 9 que fueron heridos a pedradas y botellazos por un grupo de haitianos que se enfrentó a tiros con la policía en un barrio de la capital dominicana.
En junio del año 2013, tres periodistas del Canal 37 fueron vejados y encarcelados en hechos ocurridos en las ciudades de La Vega y Puerto Plata cuando cubrían operativos antidrogas. Además, en San Francisco de Macorís, el productor televisivo y corresponsal del diario El Nacional Pedro Fernández escapó con vida de un atentado a tiros que fue atribuido a sicarios del narcotráfico, señala el documento de la SIP que el domingo 2 de octubre del año 2014 se discutió en el marco de la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago.
Así mismo, varios periodistas que participan en programas de comentarios por radio y televisión han sido sometidos a la justicia por funcionarios y ciudadanos que argumentan haber sido difamados y cuyos procesos fueron abiertos en distintos tribunales. En medio de este creciente clima de inseguridad, los principales diarios acordaron reactivar la Sociedad Dominicana de Diarios, para luchar por el desmantelamiento de las leyes que penalizan la labor periodística, señala la SIP.
Una de sus primeras tareas ha sido reclamar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron los directores de tres diarios en febrero del 2013 para eliminar la ley que regula el ejercicio de la prensa.  También le han pedido que actúe en contra de varios artículos del Código Penal que establecen penas de prisión y multas contra los llamados delitos de palabra.
Por otro lado, un reto esencial en RD, en cuanto a la delincuencia organizada, que no solo lo constituye la persona que venden grades cantidades de drogas y para su libre actuación le paga a periodistas y policías para maquillar su forma de hacer dinero, es la manipulación de las empresas y los funcionarios del gobierno, por ejemplo, existen en mi país, empresarios dueños de clínicas médicas que reciben a los pacientes con su seguro médico privado, y sucede que cuando uno va a emergencia debe pasar su seguro, y vilmente hacen un expediente que reza para fines de ser tramitado a la aseguradora social, “que nos ingresaron en un internamiento de unos cinco o más días”, cobrándoles a la aseguradora médica una gran suma de dinero, he visto a periodistas denunciar esto, y a la semana siguiente no volverlo hacer, porque el empresario le hizo una visita, y en ella, le planteó pagarle por su silencio, de manera, que la desigualdad incide en la libertad plena de nuestros pareceres.
En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “observó que la obligación de los Estados de garantizar que los periodistas puedan llevar a cabo sus actividades “no solo significa prevenir las agresiones en su contra y procesar a los responsables, sino también crear un entorno en que puedan prosperar medios de información independientes, libres y pluralistas y en el que los periodistas no corran el peligro de prisión”. De igual modo, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad llama a los Estados miembros a asegurarse que la difamación se convierta en un delito civil y no penal”.

Cuando al periodista, el funcionario del gobierno le prohíbe manifestarse en su contra, ya bien sea a través de investigaciones, o emisiones de juicio en perjuicio de su personalidad, se atenta contra la libertad de expresión que le concierne a esa o ese periodista como derecho y además con la democracia plena de una nación. Como bien dice La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966).

Así, es plausible lo que dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “La violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre. A este respecto, la Corte Interamericana ha determinado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”. De manera similar, como ha sido señalado recientemente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Los periodistas merecen especial atención no solo — como ocurre frecuentemente— por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan. La agresión a un periodista representa un atentado contra los fundamentos de la causa de los derechos humanos y contra la sociedad informada en su conjunto. La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad”.

Para tratar de regular todas estas violaciones contra los periodistas el Congreso Nacional en nombre de la República crea Ley No. 10-91 que considera   que tanto los periodistas como los medios de comunicación del país comparten un deseo común de mejorar los niveles de profesionalización del periodismo dentro de una estructura legal y social que sea compatible con los preceptos de la Constitución de la República Dominicana y con los tratados, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos que han adoptado nuestros poderes públicos para dar protección a todos los seres humanos en la búsqueda, recepción y difusión de informaciones y opiniones.  Además, sostiene esta ley  que hay que propugnar porque se mantenga el clima de respeto a las libertades públicas, particularmente al derecho a la libre expresión del pensamiento, al de asociación, al de empresa, al de trabajo y, en general a todos los preceptos de nuestra Constitución que aseguran la existencia de una sociedad democrática.  Que es de alto interés emprender acciones que propendan a la creación de mecanismos de asistencia social que garanticen a los periodistas y a sus familias una adecuada y justa seguridad social.
De esa manera, se crea el Colegio Dominicano de Periodistas con sede en Santo Domingo, República Dominicana, como institución con personería jurídica y patrimonio propio, integrado por profesionales del periodismo. Esta ley regula las atribuciones del Colegio Dominicano de Periodistas y establece orientaciones y requisitos éticos para el ejercicio del periodismo como profesión liberal en la República Dominicana. Las actividades del CDP se circunscribirán a todo cuanto propenda a la elevación de los niveles profesionales de sus miembros sin lesionar el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir informaciones por todos los medios sin restricción de naturaleza alguna.
 El Colegio no podrá dedicarse a actividades partidaristas ni sindicales. Si la violación a esta disposición se comprueba judicialmente, por indicios o pruebas materiales, el Tribunal eximirá a los medios de comunicación de las obligaciones que les impone esta ley, hasta tanto el mismo tribunal determine que el Colegio ha desistido de los actos violatorios de este artículo. A esta observancia del Colegio Dominicano de Periodista, la catapultamos como obsoleta y disfuncional, debido a que un porcentaje por encima de los noventa de los periodistas de la RD, es manipulado y inclina la balanza a favor del partido de turno y en tiempos electorales, a favor del partido que mejor le pague y defienda sus intereses intelectuales y materiales, así también ocurre con los sindicatos choferiles, de maestros y otros.

Para finalizar, no quiero dejar de decir que la relación entre democracia y libertad de expresión es muy estrecha, no existe democracia sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin libertad de elegir a quienes nos gobernarán. Esto en grado sumo, es lo que representa la democracia, la libertad de defender y asumir la postura que vaya acorde con nuestra personalidad, y entendamos armonice con nuestro sentir, y para ello, como es sabido, debe existir la libertad de expresión tanto en los periodistas y comunicadores como en aquellas personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumentos para llegar al público, así como a formadores de opinión que se tornan en un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.