EE. UU. pide severas sanciones contra Maduro al acusarlo de narcotráfico transnacional

La acusación presenta al régimen venezolano como una organización criminal transnacional que utilizó el poder del Estado para sostener un sistema de narcotráfico a gran escala

ESTADO UNIDOS. — El Gobierno de Estados Unidos elevó una solicitud de severas sanciones, tanto judiciales, como económicas, contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, tras acusarlos de encabezar una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico a gran escala.

La petición está contenida en un Superseding Indictment emitido por un Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York, como resultado de una investigación que abarca el período comprendido entre 1999 y 2025.

En el documento, que se hizo público este domingo, la fiscalía solicita el decomiso total de bienes, activos financieros, armas y cualquier recurso vinculado a las operaciones ilícitas atribuidas a los acusados.

De acuerdo con la acusación, el esquema criminal —identificado como el “Cartel de los Soles”— habría utilizado el poder del Estado venezolano para facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, empleando instituciones gubernamentales, fuerzas armadas, infraestructura aeroportuaria y portuaria, así como vuelos oficiales y cobertura diplomática.

Además de Maduro, entre los principales imputados figuran: su esposa Cilia Flores de Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

La fiscalía sostuvo que todos habrían participado, directa o indirectamente, en la dirección, protección o financiamiento de la red criminal.

Como parte de las consecuencias legales, el Gobierno estadounidense solicita además la aplicación de mecanismos de activos sustitutos, en caso de que los bienes obtenidos mediante el narcotráfico hayan sido ocultados, transferidos a terceros o sometidos a esquemas de lavado de dinero, con el objetivo de evitar su incautación.

El expediente también sustenta que la red operó en coordinación con organizaciones calificadas por Estados Unidos como terroristas extranjeras, entre ellas las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas (CDN) y el Tren de Aragua, lo que agrava el alcance de los cargos y refuerza la solicitud de sanciones patrimoniales y penales.

Los delitos imputados incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación y distribución internacional de cocaína, uso de armas de guerra y conspiración armada. Según la fiscalía, estas conductas justifican la confiscación integral de los recursos vinculados al presunto entramado criminal.

La acusación concluye que, más allá de responsabilidades individuales, el caso busca desmantelar una estructura que —según el gobierno estadounidense— habría convertido al Estado venezolano en una plataforma para el narcotráfico internacional, con consecuencias legales y financieras de gran alcance para los señalados.

En EE.UU. estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

Los citados funcionarios venezolanos enfrentan estos cargos, luego de que el 3 de enero del 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaran a Maduro y a su esposa en «una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas». Los detenidos fueron trasladados a suelo norteamericano.

La citada captura ha despertado un gran debate internacional entre los que la favorecen y los que la rechazan.