Neurodiversidad en la RD: de la invisibilidad a las promesas sin implementación real

Por Mery Valerio

El 5 de junio de 2023, el Congreso Nacional aprobó la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), generando grandes expectativas entre miles de familias dominicanas que vieron en esta normativa una esperanza para el reconocimiento de derechos básicos en salud, educación e inclusión social.

La ley, promulgada ese mismo año, fue acompañada por el compromiso del Poder Ejecutivo de ponerla en marcha en un plazo de 120 días mediante sus mecanismos de ejecución. En julio de 2024, el presidente Luis Abinader emitió el reglamento destinado a traducir la normativa en acciones concretas, definiendo responsabilidades y espacios de coordinación entre instituciones públicas y sociedad civil. Sin embargo, a la fecha, la implementación efectiva sigue siendo nula.

El debate sobre neurodiversidad una visión que reconoce la diversidad natural del funcionamiento neurológico humano e incluye condiciones como el TDAH, la dislexia y otros perfiles, además del autismo, exige mucho más que una ley específica. Requiere políticas públicas transversales, sostenidas en el tiempo y basadas en datos reales. Para ello, es indispensable contar con estadísticas confiables que permitan planificar recursos y programas sobre cifras concretas, así como diseñar estrategias que faciliten la inclusión educativa, laboral y social de decenas de miles de dominicanos con condiciones neurológicas diversas.

En la neurodiversidad convergen diferentes condiciones del neurodesarrollo que demandan políticas públicas integrales, con la participación articulada de los sectores salud, educación, seguridad social y laboral, estadísticas, economía y planificación, comunicaciones y sociedad civil. Sector público y privado deben avanzar de la mano, en una acción eminentemente humana y basada en derechos.

Hoy resulta evidente la falta de voluntad política: una ley sin políticas públicas ni presupuesto equivale a enviar al vertedero la intención legislativa, matando la esperanza de miles de familias dominicanas que esperan el respaldo de las autoridades y de la sociedad para que sus hijos reciban atención oportuna y efectiva, puedan asistir a la escuela y sean comprendidos tal como son. A esto se suma la necesidad de respaldo financiero que garantice estabilidad a los hogares que acompañan estos procesos de desarrollo.

Los centros de atención del Estado, privados y de fundaciones se concentran en algunas ciudades, principalmente las de mayor densidad poblacional. Sin embargo, las personas neurodivergentes están en todas partes. Una persona neurodivergente puede desarrollarse plenamente si cuenta con apoyos adecuados, que comienzan en el hogar con orientación oportuna, lo cual también forma parte de las políticas públicas. Son necesarios mecanismos de acompañamiento a las familias desde salud y educación, así como diagnóstico temprano y registro, para saber quiénes son, dónde están y qué nivel de apoyo requieren.

La creación de centros de atención es un desafío complejo, no solo por la infraestructura, sino por la formación de profesionales especializados, las terapias y el acompañamiento educativo. Esto exige capacitar a personal de salud, educación y servicios sociales con formación específica en neurodiversidad desde la educación superior.

Una persona neurodivergente puede aprender, trabajar, crear, liderar y desarrollarse plenamente si el entorno acompaña. Por ello, deben tener acceso prioritario a escuelas regulares inclusivas, siempre que existan los apoyos necesarios. No se trata de “regulares o especiales” como polos opuestos, sino de identificar qué entorno garantiza mejor el desarrollo, la dignidad y el aprendizaje de cada persona.

Este es el modelo promovido por la ONU y la Convención sobre los Derechos de las Personas neurodivergentes y con Discapacidad, y funciona cuando existen adaptaciones curriculares reales, docentes formados en neurodiversidad, psicólogos, terapeutas del lenguaje, acompañamiento, grupos manejables, estrategias individualizadas y respeto a los ritmos de aprendizaje. Este enfoque favorece la socialización natural, reduce la estigmatización, prepara para la vida en sociedad y reconoce la diversidad como parte de lo humano. No es el niño quien debe adaptarse al sistema; es el sistema el que debe adaptarse al niño.

Para muchas familias, la ausencia de políticas públicas significativas implica un impacto económico y emocional profundo. La falta de cobertura estatal para terapias especializadas y educación adaptada obliga a madres y padres a asumir costos elevados o a reducir sus jornadas laborales para cuidar a sus hijos. Sin medidas que garanticen inclusión real, la brecha social se amplía y la vulnerabilidad persiste.

Un llamado urgente al gobierno dominicano

La neurodiversidad no puede seguir siendo una promesa legislativa sin respaldo presupuestario ni operativo. Una ley sin recursos, sin indicadores de cumplimiento y sin responsables claramente identificados es, en la práctica, una ley inerte.

El Estado dominicano, desde el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de pasar del discurso a la acción, articulando una agenda interinstitucional que incorpore detección temprana, atención integral, acompañamiento educativo, inclusión laboral y protección social para las personas con perfiles neurodivergentes. Esto implica asignación presupuestaria específica, formación sistemática del personal público, creación de servicios descentralizados y un sistema nacional de registro que permita planificar políticas basadas en evidencia.

La inclusión no puede depender del esfuerzo individual de las familias ni del sacrificio económico de madres y padres. Es una responsabilidad pública.

Asimismo, corresponde al Congreso Nacional ejercer su rol de fiscalización y garantizar que la Ley 34-23 sea acompañada de partidas claras dentro del Presupuesto General del Estado, con metas verificables y mecanismos de rendición de cuentas. Sin presupuesto no hay política pública; sin supervisión legislativa no hay cumplimiento.

La verdadera inclusión no comienza con una ley; comienza con su aplicación firme, transparente y sostenida. Sin voluntad política, sin recursos asignados y sin seguimiento institucional, la neurodiversidad seguirá siendo un enunciado vacío y una oportunidad perdida para miles de dominicanos y sus familias.

POR MERY VALERIO

*La autora es docente, Lic. Educación Mgtr. Adm de la Educación y miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo (FP).