Abogada solicita embargo a bienes de los Espaillat por más RD$500 millones

Viuda de Octavio Dotel figura entre querellantes que piden embargo millonario

SANTO DOMINGO.- La abogada Ingrid Hidalgo solicitó al juez Reymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenar medidas de coerción real que incluyan la posesión e inmovilización de bienes valorados en más de RD$500 millones contra los acusados Antonio y Maribel Espaillat.

Durante su intervención en la audiencia, junto a los defensores Manuel Antonio García y José Antonio Báez Fernández la abogada argumentó que existen suficientes elementos de prueba que sustentan los hechos imputados, en consonancia con la acusación presentada por el Ministerio Público.

En representación de varias víctimas, entre ellas el doctor Yulino César Castillo Núñez y sus familiares, la togada solicitó al tribunal autorizar la inscripción de hipotecas judiciales provisionales y la ejecución de embargos retentivos sobre bienes y valores de los Espaillat, por montos que alcanzan hasta RD$300 millones en una de las acciones, además de otras pretensiones civiles que elevan la cifra global reclamada.

Asimismo, pidieron que se deje constancia de que las víctimas constituidas en actores civiles reclaman indemnizaciones por RD$150 millones, las cuales serán formalizadas en el eventual juicio de fondo.

En otra de las solicitudes, la parte querellante requirió la imposición de garantías económicas de RD$75 millones para cada uno de los imputados, así como la admisión de todas las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas.

De igual forma, la abogada solicitó que se declare buena y válida la constitución en actor civil de Massiel Javier Almonte, esposa del expelotero Octavio Dotel, fallecido en la tragedia, quien actúa en representación propia y de sus hijos menores, y que se le autorice a inscribir medidas conservatorias sobre bienes de los acusados y de la entidad Inversiones E y L SRL, por un monto adicional de RD$60 millones.

Los abogados insistieron en que todas las acciones cumplen con los requisitos de forma y fondo establecidos en la normativa procesal penal, por lo que pidieron al tribunal acoger íntegramente sus conclusiones.

El proceso forma parte de la fase preliminar que busca determinar si los imputados deberán enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se les atribuyen.

Los Espaillat son procesados por homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano; sin embargo, varios querellantes han solicitado que se cambie la calificación jurídica a homicidio voluntario, previsto en el artículo 295 de dicha normativa.